El Gobierno evalúa impulsar un nuevo tipo de Estado de Excepción Constitucional enfocado en barrios críticos, con el objetivo de reforzar la seguridad en sectores marcados por altos niveles de criminalidad.
La medida formaría parte de la agenda de seguridad presentada por el presidente José Antonio Kast y buscaría permitir una intervención más profunda en zonas donde los vecinos enfrentan mayores niveles de temor y presencia delictual.
A diferencia de otros estados de excepción, la propuesta apunta a que el mando operativo quede en Carabineros, mientras que las Fuerzas Armadas podrían colaborar mediante convenios de apoyo en labores específicas.
El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, explicó que la iniciativa permitiría desplegar apoyo militar en determinados sectores o barrios de una ciudad, sin entregar el control principal a las FF.AA.
El plan considera definir los sectores intervenidos a partir de indicadores de criminalidad, estadísticas policiales y otros criterios técnicos que permitan priorizar las zonas con mayor urgencia.
Entre las facultades que podrían aplicarse se menciona la posibilidad de establecer medidas excepcionales, como restricciones a la libertad de movimiento durante un período determinado.
El Gobierno también plantea que estas intervenciones no sean acciones aisladas, sino despliegues más permanentes, con mayor vigilancia policial y apoyo tecnológico para controlar los puntos críticos.
La identificación de los barrios estaría a cargo del Ministerio de Seguridad, que trabaja en la clasificación de al menos 50 sectores considerados prioritarios por sus niveles de delincuencia.
El Ejecutivo sostiene que el objetivo principal es recuperar la tranquilidad de las familias que viven en esos lugares y permitir que puedan circular con mayor seguridad por sus barrios.
La propuesta también contempla la colaboración de los propios vecinos y redes comunitarias, como parte de un trabajo coordinado con las policías.
En paralelo, el Gobierno busca modificar plazos vinculados al control migratorio, especialmente respecto de la permanencia de personas en centros de retención antes de concretar expulsiones.
Actualmente, el Ejecutivo considera que el plazo de cinco días resulta insuficiente en varios casos, por lo que plantea extenderlo hasta 180 días, con períodos renovables de 60 días.
La medida formaría parte de la agenda de seguridad presentada por el presidente José Antonio Kast y buscaría permitir una intervención más profunda en zonas donde los vecinos enfrentan mayores niveles de temor y presencia delictual.
A diferencia de otros estados de excepción, la propuesta apunta a que el mando operativo quede en Carabineros, mientras que las Fuerzas Armadas podrían colaborar mediante convenios de apoyo en labores específicas.
El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, explicó que la iniciativa permitiría desplegar apoyo militar en determinados sectores o barrios de una ciudad, sin entregar el control principal a las FF.AA.
El plan considera definir los sectores intervenidos a partir de indicadores de criminalidad, estadísticas policiales y otros criterios técnicos que permitan priorizar las zonas con mayor urgencia.
Entre las facultades que podrían aplicarse se menciona la posibilidad de establecer medidas excepcionales, como restricciones a la libertad de movimiento durante un período determinado.
El Gobierno también plantea que estas intervenciones no sean acciones aisladas, sino despliegues más permanentes, con mayor vigilancia policial y apoyo tecnológico para controlar los puntos críticos.
La identificación de los barrios estaría a cargo del Ministerio de Seguridad, que trabaja en la clasificación de al menos 50 sectores considerados prioritarios por sus niveles de delincuencia.
El Ejecutivo sostiene que el objetivo principal es recuperar la tranquilidad de las familias que viven en esos lugares y permitir que puedan circular con mayor seguridad por sus barrios.
La propuesta también contempla la colaboración de los propios vecinos y redes comunitarias, como parte de un trabajo coordinado con las policías.
En paralelo, el Gobierno busca modificar plazos vinculados al control migratorio, especialmente respecto de la permanencia de personas en centros de retención antes de concretar expulsiones.
Actualmente, el Ejecutivo considera que el plazo de cinco días resulta insuficiente en varios casos, por lo que plantea extenderlo hasta 180 días, con períodos renovables de 60 días.
