El Gobierno detalló la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida como ACOT, una batería de medidas que incluye una reforma constitucional y más de 30 proyectos de ley.
El eje principal de la propuesta es consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado dentro de la Constitución.
La agenda busca fortalecer el sistema de seguridad, endurecer la respuesta frente a organizaciones criminales y ampliar herramientas contra el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos de alta complejidad.
La presentación ocurre después del anuncio realizado por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional, donde el Ejecutivo planteó una nueva etapa centrada en seguridad.
Entre las iniciativas contempladas aparece un nuevo Estado de Excepción Constitucional por grave alteración de la seguridad pública, pensado para responder a situaciones críticas con mayor precisión.
El plan también considera una nómina de organizaciones vinculadas al crimen organizado y al terrorismo, además de regímenes penitenciarios diferenciados para delitos asociados a esas estructuras.
Otra línea apunta a facilitar la incautación, liquidación y destrucción de bienes derivados del crimen organizado, el narcotráfico y organizaciones terroristas.
La agenda incorpora medidas en materia migratoria, como la ampliación de plazos de retención para personas expulsadas y el delito de tráfico de migrantes irregulares.
También se incluyen urgencias legislativas relacionadas con el fortalecimiento de la Ley Nain-Retamal, el aumento de sanciones por delitos cometidos con el rostro cubierto y las reglas del uso de la fuerza.
Dentro de las nuevas propuestas figura modificar la Ley Antibarricadas, reforzar operaciones policiales en zonas fronterizas y permitir la destrucción de bienes ingresados por pasos no habilitados.
El Gobierno además plantea cerrar y destruir máquinas ilegales de destreza y azar, habilitar a laboratorios policiales para tomar muestras biológicas y de huellas, y modernizar la PDI con mejoras salariales.
La creación de una Agencia de Decomiso, Enajenación y Destrucción de Bienes Ilícitos es otra de las medidas incluidas en el paquete, junto con cambios a Gendarmería para integrarla a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó que el Congreso deberá pronunciarse sobre una agenda que busca recuperar el control estatal frente al avance del crimen organizado.
El debate legislativo será clave, ya que varias de las medidas requieren cambios legales y constitucionales para avanzar en el Parlamento.
El eje principal de la propuesta es consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado dentro de la Constitución.
La agenda busca fortalecer el sistema de seguridad, endurecer la respuesta frente a organizaciones criminales y ampliar herramientas contra el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos de alta complejidad.
La presentación ocurre después del anuncio realizado por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional, donde el Ejecutivo planteó una nueva etapa centrada en seguridad.
Entre las iniciativas contempladas aparece un nuevo Estado de Excepción Constitucional por grave alteración de la seguridad pública, pensado para responder a situaciones críticas con mayor precisión.
El plan también considera una nómina de organizaciones vinculadas al crimen organizado y al terrorismo, además de regímenes penitenciarios diferenciados para delitos asociados a esas estructuras.
Otra línea apunta a facilitar la incautación, liquidación y destrucción de bienes derivados del crimen organizado, el narcotráfico y organizaciones terroristas.
La agenda incorpora medidas en materia migratoria, como la ampliación de plazos de retención para personas expulsadas y el delito de tráfico de migrantes irregulares.
También se incluyen urgencias legislativas relacionadas con el fortalecimiento de la Ley Nain-Retamal, el aumento de sanciones por delitos cometidos con el rostro cubierto y las reglas del uso de la fuerza.
Dentro de las nuevas propuestas figura modificar la Ley Antibarricadas, reforzar operaciones policiales en zonas fronterizas y permitir la destrucción de bienes ingresados por pasos no habilitados.
El Gobierno además plantea cerrar y destruir máquinas ilegales de destreza y azar, habilitar a laboratorios policiales para tomar muestras biológicas y de huellas, y modernizar la PDI con mejoras salariales.
La creación de una Agencia de Decomiso, Enajenación y Destrucción de Bienes Ilícitos es otra de las medidas incluidas en el paquete, junto con cambios a Gendarmería para integrarla a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó que el Congreso deberá pronunciarse sobre una agenda que busca recuperar el control estatal frente al avance del crimen organizado.
El debate legislativo será clave, ya que varias de las medidas requieren cambios legales y constitucionales para avanzar en el Parlamento.
