El uso de inteligencia artificial en trámites judiciales encendió las alarmas en los tribunales civiles del país, luego de que un abogado habría utilizado un agente automatizado para ingresar miles de escritos en un plazo extremadamente breve.
Según un oficio del Comité de Jueces Civiles de Santiago enviado a la presidenta de la Corte Suprema, el profesional acumulaba 38.477 escritos ingresados hasta las 11:30 horas del lunes.
La cifra equivale a entre 500 y 900 presentaciones por tribunal, principalmente solicitudes de desarchivo y renuncias de patrocinio y poder.
El documento fue firmado por la jueza Rocío Pérez Gamboa, titular del Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, en representación del Comité de Jueces Civiles de Santiago.
En el oficio se plantea que la situación da cuenta de un posible uso abusivo de herramientas tecnológicas y que podría configurar abuso procesal, además de infringir condiciones de uso de la Oficina Judicial Virtual.
La preocupación de los tribunales no apunta solo al volumen de datos ingresados al sistema. El comité sostuvo que cada presentación debe ser revisada y tramitada, lo que genera una carga adicional inmediata para funcionarios y jueces.
Los magistrados advirtieron que la avalancha de escritos afectó el clima de trabajo en cada tribunal, debido a que no cuentan con los recursos técnicos ni humanos necesarios para enfrentar una contingencia de esa magnitud.
Según la información recogida por el comité, el abogado habría indicado que dejó de prestar servicios a clientes como Santander, Caja Los Andes, CAT Cencosud y Parques Cementerio.
Por esa razón debía presentar renuncias de patrocinio y poder en numerosas causas. Para hacerlo, habría usado un agente externo o robot de IA, evitando ingresar los escritos causa por causa.
Frente a ese escenario, los jueces pidieron mantener restringido el acceso del abogado a la plataforma mientras se revisa el caso y solicitaron que se le requiera un informe para evaluar eventuales responsabilidades disciplinarias o penales.
La solicitud también plantea una medida más amplia: prohibir el uso de inteligencia artificial para el ingreso de escritos judiciales mientras no exista una política institucional clara que regule su utilización.
Entre las medidas técnicas sugeridas aparece la implementación de barreras como CAPTCHA, con el fin de impedir nuevos ingresos masivos automatizados y evitar la extracción masiva de datos desde la plataforma judicial.
El caso abre un debate urgente sobre cómo incorporar herramientas de IA en el sistema judicial sin afectar la capacidad operativa de los tribunales ni alterar el funcionamiento normal de la tramitación electrónica.
