Nuevos antecedentes se conocieron en la investigación penal que involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja y abogados vinculados a la denominada arista bielorrusa.
Las declaraciones reunidas por la Fiscalía apuntan a la tramitación de la causa entre CBM y Codelco, expediente que hoy es considerado una de las piezas centrales de la indagatoria.
Uno de los testimonios relevantes corresponde a la abogada integrante de la Corte Suprema, María Angélica Benavides Casals, quien señaló que le llamó la atención la rapidez con que avanzó el caso y la ausencia del trámite conocido como “dese cuenta”, paso procesal previo que normalmente habilita el conocimiento de una causa.
Benavides también declaró que Ángela Vivanco habría ejercido un control inusual sobre las integraciones de sala y recordó una frase atribuida a la exsuprema: “los de Codelco no aceptan que perdieron”.
Otro antecedente fue entregado por el ex presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, quien afirmó que al momento de corregir la resolución para incorporar el “dese cuenta” no sabía que la causa ya había sido vista en el fondo por la sala.
La ministra Andrea Muñoz también calificó como irregular la rectificación de ese trámite y sostuvo que el caso avanzó con una rapidez procesal que resultaba extraña. Además, apuntó a una eventual falta de inhabilitación por la relación de amistad de Vivanco con uno de los abogados recurrentes.
La investigación también incorpora el testimonio de Guillermo Solar, exsecretario privado de Vivanco, quien relató que algunas reuniones de la exministra quedaban registradas y otras no, sin conocer el criterio utilizado para esa diferencia.
Desde el mundo empresarial, Cristóbal Duch, accionista ligado a Movitec, declaró que no conocía personalmente a Vivanco ni a los abogados mencionados en la causa, y afirmó que no estaba al tanto de las estrategias jurídicas de la empresa en el litigio con Codelco.
A estos relatos se suma la declaración de María Pía Peñaloza, exsecretaria de la oficina Lagos & Asociados, quien entregó detalles sobre pagos, transferencias, compras de divisas y movimientos internos del estudio jurídico.
La Fiscalía busca reconstruir cómo operaba la red investigada, determinar si existieron delitos y establecer eventuales responsabilidades en la tramitación de la causa que mantiene bajo la lupa a la exintegrante del máximo tribunal.
