La eventual reducción de más de $17.500 millones al Fondo de Emergencia Transitorio volvió a encender las alertas entre las familias damnificadas por el megaincendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué en febrero de 2024.
La medida fue adoptada por el Ministerio de Hacienda y se da en medio de cuestionamientos al avance del proceso de reconstrucción, que a más de dos años de la emergencia sigue siendo considerado lento por parte de los afectados.
El incendio del 2 y 3 de febrero de 2024 dejó más de 4.700 viviendas afectadas, por lo que el uso de los recursos destinados a la reconstrucción habitacional y urbana continúa siendo un tema sensible para las comunidades.
Desde la ONG Sobrevivientes, que reúne a personas damnificadas, su vicepresidente Jaime Mella pidió mayor claridad sobre el origen del recorte y cuestionó que no se vean avances reales en nuevas obras de reconstrucción en Viña del Mar y Quilpué.
En el oficialismo, el diputado Luis Sánchez descartó que se trate de un recorte directo al fondo. Según explicó, la situación respondería a una subejecución presupuestaria proyectada para este año, debido al bajo ritmo de ejecución registrado durante los primeros meses.
El parlamentario defendió la decisión del Ejecutivo y aseguró que no debería generar nuevos retrasos en la reconstrucción, aunque reconoció que la comunicación desde la Dirección de Presupuestos no ha sido suficientemente clara.
Desde la oposición, el diputado Luis Cuello criticó duramente la medida y apuntó a una contradicción entre el discurso del Gobierno y la reducción de recursos destinados a zonas afectadas por la emergencia.
El Fondo de Emergencia Transitorio corresponde a una glosa extraordinaria aprobada por el Congreso Nacional, con más de $800 mil millones para financiar la reconstrucción habitacional y urbana tras la catástrofe.
