La discusión por los recortes presupuestarios volvió a tensionar al Gobierno luego de conocerse una minuta de la Dirección de Presupuestos, firmada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que propone revisar, reducir o eliminar 260 programas públicos.
El documento forma parte del proceso de formulación del Presupuesto 2027 y contempla eventuales ajustes en distintas carteras del Estado. Sin embargo, la polémica se encendió porque dentro de los programas mencionados aparece la Pensión Garantizada Universal, uno de los beneficios sociales más sensibles del país.
La inclusión de la PGU generó cuestionamientos inmediatos, considerando que el presidente José Antonio Kast había asegurado que no se tocarían beneficios sociales relevantes. Por eso, el antecedente abrió dudas sobre la coordinación interna del Ejecutivo y sobre el verdadero alcance del ajuste fiscal que impulsa Hacienda.
Según los antecedentes difundidos, la minuta plantea alternativas de reducción de gasto que podrían afectar programas de diversa naturaleza, en medio de una estrategia para contener el déficit y ordenar las cuentas públicas.
Desde el Gobierno han insistido en que este tipo de documentos corresponde a etapas preliminares del proceso presupuestario y que no necesariamente representan decisiones finales. Aun así, la aparición de beneficios de alto impacto social en las propuestas de ajuste ha elevado la presión política sobre La Moneda.
El caso se suma a otras controversias recientes por oficios y circulares de Hacienda que ya habían apuntado a programas sensibles en áreas como Educación, Desarrollo Social y Salud.
Ahora, el debate se concentra en si estas propuestas serán descartadas durante la discusión política o si terminarán incorporándose al Presupuesto 2027, abriendo un nuevo flanco para el Gobierno en plena agenda de austeridad fiscal.
