El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ingresó a la Contraloría General de la República un nuevo reglamento corregido de la llamada Ley Uber, normativa que busca regular a las Empresas de Aplicaciones de Transporte.
La propuesta busca destrabar una regulación que lleva años sin poder implementarse y que ahora incorpora una serie de ajustes a nivel reglamentario, sin modificar la ley ya aprobada.
Según el MTT, los cambios apuntan a reducir el impacto de la regulación en el empleo asociado al sector, evitar que se afecte la oferta y las tarifas del servicio, y disminuir la carga administrativa tanto para conductores como para plataformas.
Entre las principales modificaciones aparece la simplificación de antecedentes requeridos para la inscripción de conductores y vehículos. La idea es eliminar documentos cuya información el Ministerio pueda obtener directamente mediante fuentes oficiales o interoperabilidad.
También se flexibilizan las exigencias sobre antigüedad de los vehículos. Para la primera inscripción, el límite pasa de 1 a 5 años. Para reemplazar un vehículo ya inscrito, la antigüedad permitida sube de 3 a 5 años como regla general, mientras que en regiones como Arica y Parinacota, Tarapacá y Magallanes el límite será de 7 años. Además, la antigüedad máxima de operación aumenta de 12 a 15 años.
Otro cambio relevante es la eliminación de requisitos asociados a cilindrada y potencia del motor, considerando que esos criterios ya no serían determinantes frente a los actuales estándares técnicos y de seguridad de los vehículos.
El reglamento también mejora el proceso de reemplazo de conductores durante el periodo de congelamiento, aumentando la frecuencia con que se publicarán cupos disponibles, de 30 a 10 días.
Además, se modificará el distintivo que deberán portar los vehículos. En vez de dos láminas, será una sola, con foto y nombre del conductor, código QR y código de identificación, para que los usuarios puedan consultar información del viaje en el Registro Electrónico.
Con estos ajustes, el Gobierno busca avanzar en una implementación más viable de la Ley Uber, equilibrando fiscalización, seguridad para usuarios y continuidad del servicio.
