La presentación del Plan de Reconstrucción Nacional encendió una nueva controversia en el mundo cultural, editorial y de las comunicaciones por una norma que podría cambiar de forma profunda el uso de obras protegidas en Chile.
El foco está puesto en el artículo 8 del proyecto, que busca agregar el nuevo artículo 71 T a la Ley de Propiedad Intelectual. En lo concreto, esta disposición permitiría realizar actos de reproducción, adaptación, distribución o comunicación pública de obras lícitamente publicadas sin necesidad de pedir autorización ni pagar remuneración a sus titulares.
Eso sí, la propuesta establece que este uso solo sería válido cuando se realice exclusivamente para actividades de extracción, comparación, clasificación o análisis estadístico de grandes volúmenes de datos de lenguaje, sonido, imagen u otros elementos presentes en muchas obras. En la práctica, esto podría abrir la puerta para que empresas o centros de datos utilicen material protegido en procesos vinculados al entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.
El Gobierno ha defendido la medida señalando que busca fomentar inversión y aprovechar el potencial económico de la minería de datos. Sin embargo, la propuesta generó fuerte rechazo en distintos gremios del sector cultural y de medios, que advierten que esta excepción debilita los derechos de autor y deja las obras sin protección real frente al avance de la IA.
Desde estas organizaciones también cuestionan que un cambio tan profundo en propiedad intelectual se intente incorporar dentro de una ley amplia de reconstrucción, en vez de discutirse en una regulación específica sobre inteligencia artificial o derechos de autor.
La discusión, en el fondo, no solo apunta al uso de contenidos por parte de sistemas tecnológicos, sino también a quién controla, autoriza y recibe compensación por el material que alimenta esas herramientas.
