La Contraloría General de la República detectó una serie de falencias en la fiscalización de la calidad del agua potable que realiza la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Según el informe, la SISS presentó debilidades relevantes en su labor de control, entre ellas una escasa inspección en terreno a empresas sanitarias, ausencia de criterios formales de priorización, retrasos en evaluaciones y problemas en la derivación de posibles incumplimientos a otras instituciones.
De acuerdo con la revisión, no se realizaron inspecciones presenciales a instalaciones de Aguas San Isidro, Nueva Atacama y Agua Potable Melipilla Norte, pese a existir condiciones que eventualmente podían afectar la calidad y continuidad del suministro.
También se constató un desfase significativo en la evaluación semestral del sistema de autocontrol, situación que podría afectar la rapidez para adoptar medidas correctivas e iniciar eventuales procesos sancionatorios.
A eso se suma que la superintendencia no contaría con procedimientos internos que regulen la derivación de antecedentes a organismos competentes, como las Seremis de Salud o la SEC, cuando se detectan posibles irregularidades.
Frente a este escenario, la Contraloría instruyó a la SISS adoptar medidas correctivas para fortalecer la fiscalización, mejorar la oportunidad de evaluaciones y sanciones, regularizar las derivaciones y asegurar el cumplimiento de plazos en la atención ciudadana.
La entidad deberá informar el estado de avance de estas medidas dentro de 60 días hábiles.
