La discusión del proyecto que busca modernizar Carabineros de Chile quedó momentáneamente en pausa luego de que la Comisión de Hacienda del Senado suspendiera la sesión en que iba a revisar la iniciativa.
La instancia fracasó tras la inasistencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y del subsecretario Andrés Jouannet, lo que generó molestia entre los parlamentarios, incluso dentro del oficialismo. La reunión terminó abruptamente tras solo 22 minutos.
La propuesta fue ingresada en mayo de 2025 por el entonces presidente Gabriel Boric y busca modificar distintos cuerpos legales para actualizar el funcionamiento interno de la institución policial.
Entre sus principales cambios, el proyecto plantea extender la carrera policial para nuevos ingresos. En el caso de los oficiales, podrán permanecer hasta los 41 años en la institución, mientras que los suboficiales podrán hacerlo hasta los 38 años. Además, se eleva el tiempo de servicio efectivo requerido para acceder a pensión de retiro y también sube el umbral para el retiro voluntario con pensión completa.
La iniciativa también considera modernizar el sistema de incentivos, incorporando beneficios económicos asociados al cumplimiento de metas institucionales y aumentando desde 2027 la gratificación de riesgo para personal destinado a comunas con mayor peligrosidad. A eso se suma un bono de permanencia para quienes, teniendo derecho a retiro, opten por seguir en servicio.
Otro eje del proyecto apunta a elevar estándares de ingreso y agilizar la formación de especialistas. Quienes ya posean títulos profesionales o técnicos podrán acceder a programas formativos más breves, y además se abre un mecanismo para que los mejores alumnos de la Escuela de Formación puedan pasar a cursos para convertirse en oficiales.
En materia de gestión, el texto permite al General Director proponer anualmente una cuota de retiros según necesidades institucionales, además del uso transitorio de vacantes entre distintos grados para mantener completa la dotación operativa. También se establece que el Presidente definirá cada año el número máximo de alumnos que podrán ingresar a las escuelas de formación.
La propuesta, además, endurece requisitos de probidad. No podrán ingresar a Carabineros personas que tengan calidad de imputadas en causas penales formalizadas o que se encuentren bajo salidas alternativas. Todo el sistema de ingreso, evaluación y becas deberá alinearse con el Plan Estratégico de Desarrollo Policial y con los planes de gestión del Ministerio de Seguridad Pública.
