El Gobierno dio a conocer los primeros resultados del llamado “Informe de Inspección Total al Estado”, elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que identificó una serie de alertas de riesgo en el uso de recursos fiscales tras revisar más de 500 servicios públicos entre 2025 y marzo de 2026.
El documento fue presentado en una sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, donde se aclaró que los antecedentes detectados no constituyen por sí solos irregularidades concluidas, pero sí requieren una revisión exhaustiva.
Entre los principales hallazgos aparecen transferencias y convenios por más de US$140 millones asignados a entidades que tenían menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos.
También se detectaron más de 65 mil adquisiciones mediante la modalidad de Compra Ágil, en casos donde un mismo proveedor fue contratado reiteradamente en un mismo día por servicios similares, lo que podría sugerir fragmentación de compras.
A eso se suman más de mil contratos firmados entre julio de 2025 y febrero de 2026 con compromisos fiscales de mediano y largo plazo, junto con más de mil convenios ya terminados y totalmente pagados, pero con montos no rendidos que superan los US$50 millones.
En materia de personal, la auditoría advirtió la incorporación de más de 2.500 funcionarios a plantas en los últimos meses de 2025, además de traspasos masivos desde honorarios a contrata en el cierre del periodo anterior.
