El Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció desde el Palacio de La Moneda las primeras seis medidas ejecutivas de su administración, las que forman parte de lo que denominó un “gobierno de emergencia”.
Las iniciativas fueron firmadas mediante decreto y comenzaron a ejecutarse de forma inmediata, sin esperar su publicación en el Diario Oficial. Para ello, el Mandatario convocó a ministros de distintas carteras, entre ellas Interior, Hacienda, Defensa y Vivienda, quienes recibieron las instrucciones directamente.
Cierre fronterizo
La primera medida establece la Política Nacional de Cierre Fronterizo en los sectores más vulnerables de la frontera con Bolivia, específicamente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
El plan contempla el aumento de presencia militar en puntos críticos de la macrozona norte, además de reforzar la vigilancia mediante drones, sensores optrónicos y mejoras en los sistemas de comunicación.
Comisionado para la Macrozona Norte
Como segunda medida, el Gobierno nombró al almirante en retiro Alberto Soto como comisionado presidencial de la Macrozona Norte.
Esta autoridad tendrá facultades de coordinación intersectorial para enfrentar el control migratorio irregular y la persecución de delitos transnacionales en la zona.
Entre sus funciones estará coordinar el trabajo de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), además de articular los servicios fiscalizadores y proponer medidas contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Auditoría total al Estado
La tercera medida consiste en una auditoría total a todos los ministerios e instituciones del Estado.
Este proceso será coordinado por los ministerios de Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), y contará con una fuerza de tarea encabezada por los subsecretarios del Interior, Hacienda y Segpres.
El objetivo será detectar y denunciar irregularidades de manera inmediata, estableciendo estándares de probidad y gestión bajo la lógica de un gobierno de emergencia.
Medidas contra la “permisología”
La cuarta medida apunta a reducir los retrasos administrativos en proyectos de inversión.
Para ello se instruyó resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), relacionados con proyectos que en conjunto superan los 16 mil millones de dólares.
El instructivo establece plazos concretos: los recursos vencidos deberán resolverse en un máximo de 90 días corridos, mientras que nuevos recursos ante la Dirección Ejecutiva del SEA tendrán un plazo de 30 días hábiles y los presentados ante el Comité de Ministros deberán resolverse en un máximo de 60 días hábiles.
Reconstrucción de viviendas
La quinta medida encarga al Ministerio de Vivienda y Urbanismo liderar los procesos de reconstrucción en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.
El objetivo será agilizar la entrega de subsidios y simplificar la gestión administrativa para acelerar la reconstrucción habitacional y urbana en las zonas afectadas por desastres.
El ministerio deberá además coordinar acciones con otros organismos del Estado y presentar informes trimestrales de avance al Presidente.
Plan Escudo Fronterizo
La sexta medida corresponde al denominado Plan Escudo Fronterizo, que estará a cargo del Ejército de Chile.
Este programa contempla cuatro ejes estratégicos: protección fronteriza para erradicar pasos clandestinos, integración institucional entre ministerios, modernización tecnológica con drones y cámaras térmicas, y aplicación del Estado de Derecho en los procesos de reconducción y rechazo de migrantes irregulares.
El plazo establecido para implementar este plan es de 90 días.
