El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (Frente Amplio), presentó una querella criminal por fraude al fisco y falsificación de instrumento público contra la ex alcaldesa de la comuna y actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.
La acción judicial apunta a un presunto perjuicio económico para el municipio que superaría los $12 mil millones, además de un supuesto uso irregular de recursos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).
La querella también involucra a otros ex altos funcionarios municipales que formaron parte de la gestión financiera del municipio durante el periodo 2021-2024.
Entre los mencionados se encuentran Patricio Escobar, exadministrador municipal; Tamara Rubio, exdirectora de la Dirección de Administración y Finanzas —quien actualmente se encuentra suspendida por un sumario—; y Juan Pino Melo, exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación.
Auditoría detectó déficit millonario
La querella se basa en antecedentes surgidos tras una auditoría externa encargada por la actual administración municipal en 2025.
El informe, elaborado por el estudio jurídico Fortunato & Asociados, concluyó que a diciembre de 2024 el municipio registraba un déficit financiero que alcanzaba los $16.318 millones, correspondiente al periodo en que Leitao encabezaba la alcaldía.
Según el documento, durante esa gestión se habría aplicado un mecanismo de sobreestimación de ingresos presupuestarios, lo que habría permitido autorizar gastos por sobre la capacidad real de financiamiento del municipio.
Acusan uso irregular de recursos de la Subdere
La acción judicial también denuncia el presunto uso de cerca de $2.000 millones provenientes de la Subdere para fines distintos a los establecidos por ley.
De acuerdo con la querella, dichos recursos estaban destinados a proyectos comunales como plazas, canchas deportivas y pavimentación, pero habrían sido utilizados para otros fines.
Asimismo, se acusa que se habrían presentado ante la Contraloría General de la República y otros organismos fiscalizadores estados financieros que no reflejaban la situación económica real del municipio.
El caso ahora deberá ser investigado por el Ministerio Público, que determinará si existen responsabilidades penales en los hechos denunciados.
