La Confederación de la Producción y del Comercio presentó un informe con 45 propuestas para enfrentar las economías ilícitas en Chile.
El documento fue elaborado junto a 30 gremios y 70 expertos.
Según el informe, lo que antes se observaba como hechos aislados hoy configura un ecosistema económico paralelo operado por organizaciones criminales.
La CPC estima que las economías ilícitas movilizan en Chile más de US$5.700 millones al año.
También calcula pérdidas de recaudación tributaria superiores a US$1.500 millones anuales.
A eso se suman cerca de US$2.700 millones que el sector privado destina para prevenir y disuadir delitos.
El informe advierte que estas actividades no solo financian al crimen organizado, sino que son parte central de su funcionamiento.
Entre sus efectos, menciona competencia desleal, menor recaudación fiscal, informalidad y desincentivos a la inversión.
La propuesta plantea que el Estado debe seguir de cerca la ruta del dinero para golpear el interés económico de los grupos criminales.
Uno de los ejes es crear una Política Nacional contra las Economías Ilícitas.
También se propone una Unidad de Economías Ilícitas con capacidades de análisis estratégico e inteligencia.
Otra medida apunta a fortalecer la trazabilidad de flujos financieros mediante analítica avanzada e inteligencia artificial.
El informe además sugiere reducir la circulación de dinero en efectivo, ya que facilita operaciones difíciles de rastrear.
La CPC propone campañas educativas para que la ciudadanía conozca el impacto de comprar productos ilegales.
También plantea un sistema integrado de denuncia segura para víctimas, testigos y denunciantes.
En control fronterizo, el documento pide reforzar la fiscalización en la macrozona norte, puertos, zonas francas y puntos de ingreso al país.
Entre las medidas aparecen centros de control interinstitucional, escáneres fijos y mayores exigencias en sellos de contenedores.
En trazabilidad logística, se propone una base de datos unificada y sistemas que permitan seguir mercancías, medicamentos y vehículos robados.
El informe también plantea fortalecer la persecución penal y patrimonial, con foco en contrabando, receptación, extorsión y lavado de activos.
Dentro de las propuestas se incluye crear registros de infractores, acelerar la destrucción de bienes incautados y aumentar fiscalizadores en regiones.
En materia financiera, se sugieren mesas público-privadas contra fraude, crédito informal, lavado de activos y plataformas ilegales.
La CPC también propone avanzar en regulación de apuestas online y dar de baja plataformas digitales ilegales.
Otro bloque apunta al comercio ilegal de materias primas, como madera, pesca, salmones, minerales y metales.
Para esos sectores se sugieren unidades especializadas, mayor fiscalización y mejores sistemas de trazabilidad.
El gremio sostiene que combatir estas economías requiere coordinación institucional, tecnología y persecución del beneficio económico del delito.
El documento fue elaborado junto a 30 gremios y 70 expertos.
Según el informe, lo que antes se observaba como hechos aislados hoy configura un ecosistema económico paralelo operado por organizaciones criminales.
La CPC estima que las economías ilícitas movilizan en Chile más de US$5.700 millones al año.
También calcula pérdidas de recaudación tributaria superiores a US$1.500 millones anuales.
A eso se suman cerca de US$2.700 millones que el sector privado destina para prevenir y disuadir delitos.
El informe advierte que estas actividades no solo financian al crimen organizado, sino que son parte central de su funcionamiento.
Entre sus efectos, menciona competencia desleal, menor recaudación fiscal, informalidad y desincentivos a la inversión.
La propuesta plantea que el Estado debe seguir de cerca la ruta del dinero para golpear el interés económico de los grupos criminales.
Uno de los ejes es crear una Política Nacional contra las Economías Ilícitas.
También se propone una Unidad de Economías Ilícitas con capacidades de análisis estratégico e inteligencia.
Otra medida apunta a fortalecer la trazabilidad de flujos financieros mediante analítica avanzada e inteligencia artificial.
El informe además sugiere reducir la circulación de dinero en efectivo, ya que facilita operaciones difíciles de rastrear.
La CPC propone campañas educativas para que la ciudadanía conozca el impacto de comprar productos ilegales.
También plantea un sistema integrado de denuncia segura para víctimas, testigos y denunciantes.
En control fronterizo, el documento pide reforzar la fiscalización en la macrozona norte, puertos, zonas francas y puntos de ingreso al país.
Entre las medidas aparecen centros de control interinstitucional, escáneres fijos y mayores exigencias en sellos de contenedores.
En trazabilidad logística, se propone una base de datos unificada y sistemas que permitan seguir mercancías, medicamentos y vehículos robados.
El informe también plantea fortalecer la persecución penal y patrimonial, con foco en contrabando, receptación, extorsión y lavado de activos.
Dentro de las propuestas se incluye crear registros de infractores, acelerar la destrucción de bienes incautados y aumentar fiscalizadores en regiones.
En materia financiera, se sugieren mesas público-privadas contra fraude, crédito informal, lavado de activos y plataformas ilegales.
La CPC también propone avanzar en regulación de apuestas online y dar de baja plataformas digitales ilegales.
Otro bloque apunta al comercio ilegal de materias primas, como madera, pesca, salmones, minerales y metales.
Para esos sectores se sugieren unidades especializadas, mayor fiscalización y mejores sistemas de trazabilidad.
El gremio sostiene que combatir estas economías requiere coordinación institucional, tecnología y persecución del beneficio económico del delito.
