La Mesa de Reactivación Económica entregó su informe final al ministro del Trabajo, Tomás Rau, con 22 propuestas para fomentar la creación de empleo.
Una de las medidas que generó más debate fue la número 12, vinculada al límite de 52 horas laborales semanales.
La propuesta causó confusión porque actualmente Chile avanza hacia una jornada ordinaria de 40 horas semanales.
Sin embargo, el límite de 52 horas ya está contemplado en la legislación vigente cuando se suman horas ordinarias y extraordinarias bajo ciertos sistemas de distribución.
La Ley 21.561 redujo gradualmente la jornada laboral a 40 horas, proceso que culminará en 2028.
Esa jornada no siempre se calcula semana a semana, ya que puede distribuirse como promedio en periodos de hasta cuatro semanas.
Esto significa que un trabajador puede tener semanas con más de 40 horas, siempre que luego sean compensadas con jornadas más cortas.
El Código del Trabajo establece que, en esa modalidad, no se pueden superar 45 horas ordinarias en una semana.
Además, la suma de jornada ordinaria y extraordinaria no puede superar las 52 horas semanales.
El cambio propuesto por la Mesa de Reactivación apunta a extender el periodo de cálculo del promedio de 40 horas.
Actualmente ese plazo puede ser de hasta cuatro semanas, pero la propuesta plantea llevarlo a 15 semanas, como promedio de países OCDE, o incluso a 52 semanas.
En simple, la idea es permitir que el promedio de 40 horas no tenga que cumplirse necesariamente cada mes, sino en un periodo más amplio.
La justificación es que algunas empresas enfrentan periodos de alta demanda, como cosechas, Navidad u otras temporadas productivas.
Con un plazo más amplio, esas semanas de mayor carga podrían compensarse con otras de menor actividad.
Según el informe, la flexibilidad permitiría ajustar jornadas con los trabajadores existentes en lugar de despedir personas cuando baja la demanda.
La propuesta no busca eliminar la reducción a 40 horas ni aumentar el total de horas trabajadas en el año.
Lo que plantea es distribuirlas de forma distinta según las necesidades productivas de sectores como minería, transporte o agricultura.
De todas formas, la medida aún es solo una propuesta y no corresponde a un proyecto de ley ni a un decreto vigente.
